En el caso de que se produzca una ocupación ilegal en una vivienda el principal afectado es el propio propietario de la vivienda, si bien la propia comunidad de vecinos también se ve afectada en menor o mayor medida.
Los casos más conflictivos son aquellos en los que se produce la ocupación ilegal de la vivienda de la mano de mafias que no solo ocupan de manera ilegal la vivienda, sino que también destrozan los domicilios en sí y, por consiguiente, las zonas comunes.
Es en esos casos en los que la ocupación ilegal supone una verdadera pesadilla para todos los vecinos. La inseguridad, el vandalismo, los perjuicios económicos y el malestar general destrozan la convivencia en la comunidad.
Los tramites legales contra la ocupación ilegal tan solo puede llevarlos a cabo el propietario del piso, ya sea una persona física o una entidad bancaria. En cambio, sí se pueden denunciar otro tipo de daños, como pueden ser desperfectos en el edificio y en las zonas comunes. Otro asunto en el que la Comunidad de Vecinos puede actuar es cuando los okupas hayan realizado un enganche a la electricidad, agua o gas. Este tipo de enganches incrementan la factura de la Comunidad de Propietarios generando un gasto adicional que deben abonar los propios vecinos. Esa certificación por parte de la compañía de que la vivienda ocupada ilegalmente está haciendo uso de la red común servirá también como prueba a incluir en una posible demanda.
El presidente podrá enviar una comunicación a los okupas vía burofax para advertir de las acciones legales que se tomarán si continúan con los desperfectos en el edificio, ruidos u otras actividades ilícitas. Esta comunicación podrá enviarse por iniciativa propia del presidente o por petición expresa de los vecinos.
Se deberá realizar una Junta de Propietarios para dar legitimidad al Presidente a ejercer acciones legales. Esta legitimidad debe conseguirse con mayoría simple.
Es importante incluir en la demanda pruebas que demuestren esas actividades ilegales, bien a través de imágenes, pruebas de las compañías de suministros o de las denuncias presentadas a la Policía. Se debe incluir en la demanda también el acta de la reunión de la Junta de Propietarios.
El Administrador de Fincas realiza el papel de mediador entre los vecinos y el propietario de la vivienda ocupada ilegalmente. Debe encargarse de informar al propietario de lo que está ocurriendo en su vivienda. En Afisecan además contamos con el servicio de asesoramiento legal. Nuestros expertos abogados ayudarán al propietario y al resto de vecinos a solucionar este problema, a asesorarles en tema legal y a darles todas las claves para acabar con la ocupación ilegal en el edificio.
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